El pasado martes se presentó la décima edición del Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), que advierte de la necesidad de reducir un 7,6% las emisiones globales de gases de efecto invernadero cada año durante la próxima década, de 2020 a 2030, para que el mundo consiga poner freno al calentamiento global y lograr alcanzar el objetivo de 1,5ºC con respecto a los niveles de la época preindustrial.
El informe, que se publica anualmente, va más allá y advierte de la necesidad de incrementar por cinco estos propósitos de reducción de emisiones porque, según indica, aun en el caso de implementar todos los compromisos no condicionados del Acuerdo de París, las temperaturas aumentarán 3,2ºC a finales de este siglo.
Indudablemente, este último informe de la ONU Medio Ambiente alimentará el debate de la próxima Cumbre del Clima, la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que comienza el próximo lunes, 2 de diciembre, y que, durante dos semanas, hasta el 13 de diciembre, pondrá a nuestro país y a Madrid en particular en el foco de la actualidad internacional.
Esta reunión anual, presidida en esta ocasión por Chile aunque se organice con la colaboración del Gobierno español, es el principal foro mundial para la discusión multilateral de asuntos relacionados con el cambio climático y, durante los 25 años que lleva celebrándose, ha ido creciendo en tamaño y complejidad. En ellas se revisa la implementación de los acuerdos alcanzados y se negocian nuevos compromisos con el fin último de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, por tanto, impedir una interferencia peligrosa de la acción humana en el sistema climático. De la celebrada en 1997, surgió la adopción del Protocolo de Kioto; mientras que el resultado de la vigésimo primera, celebrada en 2015, fue la aprobación del Acuerdo de París, ratificado actualmente por 187 de las 197 Partes que forman la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y cuyo objetivo central es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2ºC con respecto a niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5º C.
La Cumbre del Clima de este año llega precedida por la advertencia de este informe que, en cierto modo, recuerda que “del dicho al hecho, hay un trecho”. Los objetivos se han marcado y los países se han comprometido a ellos, pero, según el documento de la UNEP, tan solo 5 miembros del G20 han establecido un cronograma para lograr la neutralidad de emisiones. Mientras tanto, las emisiones de efecto invernadero han aumentado 1,5% anual durante la última década. Desde la ONU Medio Ambiente recuerdan que las tecnologías y políticas requeridas para reducir las emisiones ya existen, pero reclaman la necesidad de que sean aplicadas de inmediato.
En este sentido, y ante la inminente celebración de la COP25, el Parlamento Europeo declaró ayer mismo “una emergencia climática y ambiental” en Europa y a nivel global en una resolución histórica en la que insta a la Comisión a garantizar que todas sus propuestas legislativas y presupuestarias tienen en cuenta el objetivo de limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5°C. La Unión Europea ha demostrado su compromiso ante el cambio climático desde un principio y, desde la firma del Acuerdo de París, ha dejado clara su intención de liderar este proceso de transición hacia un mundo descarbonizado. Ursula Von der Leyen, Presidenta de la nueva Comisión que comenzará su mandato el día anterior al arranque de esta Cumbre del Clima, marcó hace ya unas semanas su intención por renovar y fortalecer este firme compromiso de los 28 estados miembros al presentar su agenda para los primeros cien días de mandato e incluir la creación de un Pacto Verde Europeo (European Green Deal) con el objetivo de ser el primer continente neutro en carbono en 2050. Para ello, anunció medidas como el desarrollo de una legislación específica, así como la puesta en marcha de un Plan de Inversiones Sostenibles y una estrategia de financiación verde, que se traducirán en hasta un billón de euros de inversiones públicas y privadas durante los próximos diez años. La resolución aprobada ayer por el Parlamento pide también a Ursula Von der Leyen que incluya un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 55% para 2030 en este Pacto Verde Europeo.
Por otra parte, durante este año, se están gestando los diferentes planes que cada uno de los estados miembros debe remitir a la UE para que esta pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de cambio climático en coherencia con el Acuerdo de París. En este sentido, el compromiso realizado por el Gobierno español en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que remitió en febrero a Bruselas, ha sido valorado positivamente por la Comisión Europea por venir acompañado de un paquete de medidas y de una memoria económica y de impactos detallada y lo sitúa entre uno de los más ambiciosos en materia de renovables y eficiencia energética, aunque entre sus recomendaciones le reclama más detalles sobre la ejecución de esta “hoja de ruta”. Antes de finalizar el año, el Gobierno deberá enviar la versión definitiva de este texto que define los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la incorporación de energías renovables y medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones, y que calcula unas inversiones de 236.000 millones de euros hasta 2030 y la generación de entre 250.000 y 364.000 empleos netos.
Es el “Tiempo de actuar”, reclama el lema de esta COP25. Por eso, el lunes comienzan dos semanas en las que se inicia una nueva fase, en la que se pasará de la negociación a la implementación y que los objetivos marcados se traduzcan en medidas de aplicación inmediata. Otro de los grandes retos de esta COP será el de promover una mayor ambición de los estados en sus esfuerzos individuales (las contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs, en sus siglas en inglés), para lo que serían deseables importantes anuncios entre los estados llamados a liderar la descarbonización y en el que la UE quiere tener un papel destacado.
Para ello, la sociedad civil, cada vez más concienciada por la amenaza que supone el cambio climático, tendrá un papel especial en la COP de Madrid, así como la implicación de determinados gobiernos locales y de multitud de sectores empresariales que van más allá de la de sus correspondientes estados. Entre ellos, aelēc, presente como observador desde 2001 en las distintas COP celebradas y que, en esta ocasión, además organizará y participará en diversos eventos en los que se intentará destacar la importancia que tiene el proceso de electrificación a la hora de avanzar en la descarbonización del planeta.
No cabe duda de que debemos avanzar no sólo en la concienciación general sobre la importancia que tiene la acción climática, sino en la propia acción en sí y en las medidas, quizás más ambiciosas de lo que nos planteábamos, que deben aplicarse YA para lograr un futuro sostenible.
Publicado en: El Economista