Europa se encuentra en pleno proceso de impulsar su desarrollo industrial, respaldado por regulaciones en lo que respecta a la dependencia energética y la descarbonización (Fit for 55, REPowerEU), y con el objetivo declarado de acercar las cadenas de suministro y hacerlas más resilientes mediante la promoción de la producción industrial local.

Las necesidades asociadas a la transición energética, la electrificación y la digitalización de la economía están llevando a la aparición de nuevos proyectos industriales, de carácter estratégico, con gran capacidad de impulsar el crecimiento económico y el empleo[1]. Muchos de ellos se caracterizan por conllevar unos consumos de electricidad significativos, por lo que su futuro se verá comprometido si no se toman de forma urgente las medidas necesarias para facilitar su conexión a las redes eléctricas.

La modificación de aspectos puntuales de la planificación (MAP) debería ser el mecanismo para adaptar la planificación vigente de la Red de Transporte para atender, entre otras cosas, a estas nuevas demandas. En las MAP se deberían incluir las actuaciones que hay que realizar en la red de transporte para atender solicitudes de conexión que se realizan en las redes de distribución.

En este sentido, el pasado de 15 de diciembre de 2023 la Secretaría de Estado de Energía sometió a trámite de audiencia pública la propuesta de MAP de la planificación vigente con el objeto de incluir las actuaciones urgentes en la red de transporte consideradas estratégicas y prioritarias para la transición energética. En esta propuesta se deberían haber incluido las actuaciones para habilitar la conexión de nuevas solicitudes de demanda que se han dirigido a los gestores de las redes de distribución y que requieren de dichas MAP, que se estiman en alrededor de 6.000 MW para el conjunto del Estado.

Sin embargo, a pesar de estar debidamente justificadas y cumplir con los criterios que presiden la MAP, se han excluido el 95% de las actuaciones planteadas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica para atender los nuevos suministros en la red de distribución de futuros proyectos industriales. Entre ellos, industrias que necesitan mayor capacidad de acceso a la red eléctrica para descarbonizarse y nuevos centros de procesos de datos.

No obstante, al no incluirse las actuaciones planteadas, no solo se está generando un riesgo en el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino también, se limita la imagen y el crecimiento económico de nuestro país, lo que eliminará las externalidades positivas en materia de inversión, crecimiento, I+D, empleo e impuestos de los nuevos proyectos industriales a los que no es posible brindarles acceso, conllevando a su vez a un riesgo de fuga de las inversiones hacia otros países en los que el conseguir el acceso a la red sea más sencillo.

Sin duda, la propuesta de MAP no está alineada con las nuevas necesidades de la demanda y debe enmendarse de una forma sustancial, haciendo uso de todos los recursos económicos disponibles y corrigiendo cualquier limitación regulatoria que impida su aplicación.

Asimismo, no se puede obviar que las conexiones a través de la red de distribución permiten conectar mucha más potencia por cada euro de inversión requerido en la red de transporte que las conexiones directas a dicha red. Si se mantuviera la limitación de inversiones fijada por ley para la red eléctrica (impidiendo dar acceso a la energía eléctrica a toda la industria que lo solicita con el efecto económico que eso conlleva) sería al menos indispensable priorizar las inversiones que se realicen bajo criterios de eficiencia económica, con objeto de optimizar el beneficio que aportan éstas.

Sin duda, todo esto permitiría sacar adelante las propuestas que aportan más valor y posponer en caso necesario las actuaciones en la red cuya relación coste-beneficio sea más baja. En definitiva, que las inversiones en transporte que salgan adelante sean las que más valor aporten a la economía y al desarrollo nacional. De lo contrario, nuestro país puede perder la oportunidad histórica que supone la electrificación de la demanda, impulsar la economía española y hacerla más resiliente frente a crisis futuras.

Adicionalmente, es necesario tomar medidas ágiles y coherentes en todos los ámbitos, entre ellas modernizar el proceso de planificación para asegurar la adaptabilidad de las redes en el nuevo contexto energético.

Finalmente, la reforma del diseño de mercado y el Plan de Acción de redes de la Comisión Europea, y la propia AIE[2], han puesto el foco en la necesidad de impulsar el reconocimiento de las inversiones anticipadas en distribución eléctrica, que permitan asegurar que la red está lista para hacer frente a las necesidades de la demanda. El coste de oportunidad de no impulsar el acceso y conexión a la red de distribución en la actualidad es elevado, ya que no conectar ahora a la demanda implicaría limitar el ritmo de descarbonización de la industria, perdiendo una oportunidad única para el país.

 

[1] Esto permitiría acercar a España a la media europea en términos del peso industrial en el PIB (15% vs 20% de media europea).

[2] La Agencia Internacional de la Energía en su informe “Electricity Grids and Secure Energy Transition”.