Se encuentra ya en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Un proyecto largamente esperado por el sector eléctrico y que debe servir de base para acometer la transformación no sólo de este sector, sino también del sector energético en su conjunto y, como no, de los consumidores de energía. Es, sin duda, una norma que nace con vocación de permanencia al fijar unos objetivos para el medio y el largo plazo.
Por eso, es prioritario destacar el escenario para 2030 de reducción de emisiones de al menos un 20% respecto al año 1990 y el objetivo de neutralidad climática que se fija a 2050; planteamientos, por tanto, a más largo plazo que lo que acostumbramos a ver en otras normas, nacionales o europeas. Esto afecta a los sectores productores y a los consumidores de energía. Por un lado, se deben abandonar progresivamente los combustibles fósiles en favor de las energías renovables y, por otro, los consumidores deben transitar hacia un consumo energético sostenible.
La forma más efectiva para que esto se produzca es la electrificación masiva del consumo energético a través del uso de renovables eléctricas, porque estas son ya tecnologías maduras. De ahí el esfuerzo exigido para aumentar notablemente el peso de las renovables en la generación eléctrica al menos hasta el 70%, en 2030, y al 100%, en 2050. Un objetivo muy ambicioso, pero también esencial desde el punto de vista social, económico y ambiental.
Las medidas que recoge el Proyecto deben facilitar los cambios que conduzcan a la electrificación de la economía como vector energético facilitador de la descarbonización, y me gustaría destacar que sobre estas mismas medidas se está incidiendo desde la Unión Europea: más generación limpia para descarbonizar y facilitar el abandono progresivo de los combustibles fósiles, al tiempo que se ofrecen nuevas posibilidades para los consumidores con la creación de nuevos agentes y la aparición de nuevas tecnologías que deben servir como aceleradores del cambio. Para todo ello, hay que apoyarse en las redes de distribución como facilitadoras neutrales que garantizan la integración de la producción renovable y su puesta a disposición de todos los agentes, dotando al sistema de la flexibilidad que va a hacer falta.
Por otro lado, el Proyecto tampoco se olvida de que los sectores intensivos en el consumo energético deben contribuir activamente a la consecución de los objetivos de descarbonización. El transporte, responsable de la mayor cuota de emisiones, debe reducir sus emisiones en sus distintos modos. La electricidad puede contribuir en el sector marítimo a través de la electrificación de la estancia de los buques en puerto, con la ventaja añadida que supone la eliminación de la contaminación acústica. Y la movilidad eléctrica cumple perfectamente con los requisitos que se impondrán en las zonas de bajas emisiones por sus cero emisiones. De manera que aumentar la ambición sobre la existencia de una red de puntos de recarga para los vehículos eléctricos a través de objetivos concretos para cubrir la totalidad del territorio permitiría eliminar la barrera que genera en el consumidor la ansiedad por la falta de autonomía.
Por otra parte, los edificios son responsables de una parte importante del consumo energético y, por tanto, también de las emisiones. Su mejora en eficiencia se puede realizar a través de distintas actuaciones, pero hay que resaltar el uso de la bomba de calor como la opción más viable para el ACS y la climatización en la nueva edificación, así como también debe serlo en la rehabilitación, por su condición renovable y eficiente energéticamente.
Todo esto no será posible sin facilitar un precio de la electricidad competitivo. Los cargos e impuestos hacen que la opción eléctrica frente a otros vectores energéticos pierda atractivo a pesar de ser la más eficiente energéticamente y la que menos contamina –durante los meses del confinamiento hemos podido ver cómo la energía renovable superaba ampliamente el 50% de la generación eléctrica en muchos periodos-. Hacen falta, por tanto, medidas sobre fiscalidad energética que corrijan esta situación para lanzar señales claras que ayuden a transitar a los sectores antes mencionados, sin olvidar a la industria.
La crisis sanitaria que estamos dejando atrás ha puesto de manifiesto la importancia de contar con sectores resilientes a los fenómenos adversos extremos. El sector eléctrico ha demostrado su capacidad de gestionar la crisis asegurando el suministro y, gracias a la digitalización, actuando remotamente en muchos procesos críticos para la operación de la generación y la distribución. Por lo que, el hecho de que el Proyecto de Ley apueste por la electricidad como el vector energético del futuro permite, a su vez, asegurar un crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad y de futuro.
Como comentaba al principio, este Proyecto es la base y el marco de los cambios que hay que acometer, desde ya, si no queremos quedarnos fuera de la nueva economía, que acabará imponiéndose en los países de nuestro entorno y a la que no podemos permitirnos llegar tarde. Todos debemos ser conscientes de ello. Para ello, el primer paso ahora, sin duda, es que el proyecto se enriquezca con las diversas aportaciones que se produzcan en sede parlamentaria y sea finalmente aprobado con un amplio consenso. Así estaremos en la buena línea, mirando al futuro.
Publicado en: CincoDías