La crisis sanitaria ha revelado la importancia de contar con sectores resilientes para paliar los efectos negativos adversos sobre la economía. Por eso, la recuperación económica debe encaminarse a potenciar estos elementos de cara a futuro. Un futuro que debe ser sostenible y “verde” porque esta crisis comparte similitudes con la del cambio climático: si no se previenen, sus efectos pueden ser devastadores para la sociedad.
Los países de nuestro entorno (el fondo europeo de recuperación aprobado el martes va en esta línea), las fuerzas políticas y las empresas son conscientes de que la recuperación económica debe apostar por incrementar las inversiones “verdes”, por su impacto positivo en términos de crecimiento sostenible y de empleo de calidad estable.
La transición hacia una economía descarbonizada y digitalizada requiere de cuantiosas inversiones que ofrecen oportunidades de crecimiento a largo plazo. Esta descarbonización requiere aumentar el peso de la electricidad en el consumo energético de nuestros hogares, empresas, edificios y modos de transporte. Para eso, hay que destinar inversiones a dos ámbitos fundamentales: renovables y redes.
España cuenta con una clara ventaja competitiva con respecto a Europa por su gran número de recursos hidráulicos, eólicos y solares. Para aprovechar todo su potencial como sector altamente competitivo y con capacidad exportadora, es necesario desarrollar con la misma intensidad las redes de distribución eléctricas, que serán punto de conexión de las renovables, pero que también jugarán un papel fundamental en el despliegue y consolidación de nuevos usos eléctricos (vehículos eléctricos, bombas de calor…) y en la optimización de la demanda por parte del consumidor. Posponer esta decisión puede ser negativo.
El límite a la inversión en redes de distribución se sitúa en el 0,14% anual del PIB, un valor recientemente modificado con el fin de mantener el ritmo inversor a pesar del impacto de la pandemia en la economía. Sin embargo, es posible aumentar la ambición y esto nos permitirá acelerar el proceso de electrificación al poder adelantar las inversiones en digitalización de las redes y facilitar, así, el proceso de conexión de renovables. Eliminar este límite temporalmente durante los próximos tres años convertiría a las redes de distribución en facilitadoras de inversiones por 24.000 millones de euros y de 75.000 empleos anuales de calidad.
La transición energética exige empresas innovadoras capaces de afrontar el reto de la descarbonización y electrificación de nuestra economía. Las empresas de aelēc son, sin duda, ejemplo de ello en el presente y lo serán a futuro. Poner en marcha estos cambios, con las ventajas que conllevan de aumento de la resiliencia, competitividad de nuestra economía y empleo de calidad, requiere también ambición. Este es el momento de apostar por ello.
Publicado en: La Vanguardia