Marina Serrano lleva al frente de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la patronal de las grandes eléctricas, desde octubre del 2017. Abogada y filósofa de formación, pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado, aunque gran parte de su vida profesional ha transcurrido en el sector eléctrico: secretaria del consejo de Red Eléctrica, estuvo en la Comisión Nacional de Energía (CNE) y es vicepresidenta de CEOE. El eléctrico ha sido el sector señalado por el Gobierno como uno de los malos de la película en la complicada crisis que se desató en el verano del 2021 y se agravó con la guerra de Ucrania el año pasado. Serrano, pese a todo, trata de mostrar su lado más conciliador.
El impuesto a los beneficios extraordinarios que acaba de entrar en vigor tiene en armas al sector. ¿Está ya claro cómo y cuándo irán a los tribunales?
Como venimos señalando durante muchos meses, sin que nuestras enmiendas hayan sido admitidas, este es un impuesto que grava las ventas y no los beneficios extraordinarios, como hace Europa. Cabe un recurso conjunto como asociación, pero luego cada compañía debe denunciar su propio caso porque las liquidaciones son diferentes. Se irá viendo.
¿En qué punto está su enfrentamiento con el Gobierno?
Como asociación mantenemos reuniones periódicas. En el último año el Gobierno ha introducido numerosas intervenciones en los mercados. Se entienden desde el lado de adoptar medidas en favor de los más vulnerables y tratar de paliar el efecto de la escalada de precios. En el sector eléctrico se han producido más intervenciones que en otros y no siempre se ha tenido en cuenta que hay que esforzarse para que la regulación preserve una correcta transmisión de los precios eléctricos. Que muestre el camino para avanzar en la descarbonización y en superar la peligrosa dependencia que ha evidenciado la guerra en Ucrania. Nosotros hemos trasladado que la electrificación es la mejor solución para paliarla. Más allá de la diferencias, estamos alineados con el Ministerio de Transición Ecológica en esos objetivos de descarbonización y en que la electrificación es el mejor camino.
Uno de los principales riesgos de la excepción ibérica sobre los que alertaban las eléctricas era una fuga de inversiones por la inseguridad jurídica. ¿Cuál es el balance en los seis meses de aplicación?
No sabría cuantificar si ha habido más o menos inversiones. Lo que hubo fue mucha inquietud y muchas llamadas por parte de los fondos. Vamos a ver qué ocurre, si estas medidas se quedan en algo coyuntural o no y si hay incentivos suficientes para seguir invirtiendo aquí. No se puede afirmar una cosa tan rotunda como que se han ido los inversores.
Viendo los resultados, ¿se excedieron las eléctricas en su crítica a las medidas del Gobierno?
El incremento del bono social y las ayudas a consumidores vulnerables han sido medidas necesarias. La excepción ibérica ha tenido un efecto en los precios positivo, pero también ha distor-sionado el mercado minorista, porque quienes tuvieron la prudencia de contratar precios fijos también se han visto afectados y eso no es justo. La mayoría de las intervenciones del Gobierno se han centrado en el sector eléctrico, pese a que dijimos desde el principio de esta crisis que la luz no era el problema, era el gas. Se nos señaló como las malas y hay que reconocer nuestro error de no haber sabido explicar bien el problema. En este punto nos queda mucho recorrido, debemos hacer autocrítica y trabajar en labrarnos una buena reputación. Debemos hacer algo similar a lo que hizo la banca tras la crisis del 2008.
¿Para ello habría que descartar malas prácticas en el sector?
En el sector no ha habido ni malas prácticas ni abusos. Tras un año de investigación exhaustiva, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia no ha detectado ningún comportamiento incorrecto ni se ha impuesto ninguna sanción. Se habla de sector eléctrico cuando se quieren referir al sector energético. Las empresas eléctricas son totalmente transparentes. Hemos entregado toda la información de los contratos, estamos totalmente controlados y supervisados.
¿El nuevo precio regulado vendrá a paliar esto?
La reforma planteada va en la buena dirección. Lo que nos preocupa es que cuando se apruebe haya un período transitorio suficiente para que las comercializadoras puedan hacer las coberturas correctas y necesarias.
¿A qué retos se enfrenta el sector para este 2023?
Muchos, pero el principal es adaptar las redes a un nuevo consumidor cada vez menos pasivo y más productor de electricidad. Necesitamos redes dinámicas que funcionen en ambas direcciones y gestionen al mismo tiempo oferta y demanda. Eso solo se consigue con la digitalización de las operaciones. Y en eso es en lo que hay que invertir en este momento.
Entrevista publicada en La Vanguardia