El Gobierno ha lanzado el Anteproyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), una medida de gran calado por su impacto en el sector energético. Aunque no es una sorpresa en si misma porque la solución que se propone ha sido reiteradamente solicitada desde el sector eléctrico, sí es destacable por la contundencia con la que se atajan algunos problemas que comentaré a continuación.
Desde un punto de vista conceptual la propuesta es simple y potente. El mecanismo propuesto reparte el coste de las renovables, la cogeneración y los residuos entre todos los vectores energéticos: electricidad, gas natural y petróleo en función de sus ventas. Por tanto, es simple porque corrige de forma sencilla el tradicional desequilibrio existente a la hora de repartir el esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que recaían exclusivamente en el consumidor eléctrico. Y es potente porque introduce una señal gradual en hogares y empresas para que avancen en la descarbonización de sus consumos energéticos.
Algo que tiene todo el sentido. El sector eléctrico es el vector energético que más ha reducido sus emisiones hasta la fecha y es el que más va a hacerlo a lo largo de la próxima década por la entrada masiva de tecnologías renovables, principalmente eólicas y fotovoltaicas. Estas son ampliamente competitivas y van a hacer que el coste de generar electricidad no sólo se contenga, sino que baje. Por lo que la consecución de los objetivos de la transición energética está principalmente ligada a cuántas renovables vamos a poder conectar a las redes eléctricas y permitir así que el consumo de electricidad sustituya paulatinamente otros consumos de energía con más emisiones.
Sin embargo, nos encontrábamos en una situación en la que este proceso de maduración de estas tecnologías recaía íntegramente en el consumidor eléctrico, lo que es una contradicción. Si la electricidad es el vector energético de la descarbonización no tiene mucho sentido que el precio que paga el consumidor por la electricidad soporte la totalidad de los costes de algo que supone un beneficio para toda la sociedad como es la contribución a la mejora climática.
No se trata, por tanto, de que otros paguen la fiesta de las eléctricas, sino de que todos contribuyan a este esfuerzo y que lo hagan siguiendo el principio de “quien contamina paga”, el mismo que están aplicando otras economías como la francesa, la alemana o la danesa. El informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética de 2018, en su análisis y propuestas para la descarbonización, ya concluía que para cubrir los costes de las renovables pasadas estos tenían que repartirse entre todas las energías finales.
Alcanzar la neutralidad climática en 2050 es un objetivo firme e irrenunciable que exige medidas que no confundan al consumidor y que le lleven a adoptar medidas ineficientes. Este debe ser consciente de que tendrá que adoptar progresivamente decisiones que le lleven a un consumo energético sostenible, por ejemplo, en materia de climatización en los hogares o de movilidad sostenible. Y debe hacerlo sabiendo que lo que más contamina es más caro.
Luego la propuesta racionaliza este proceso reduciendo la distorsión actual y aporta la visibilidad que hace falta para que se vaya avanzando, de forma progresiva, en la descarbonización a través de la electrificación. Si no se utilizase esta vía habría que acabar adoptando otra similar, la alternativa sería una reforma fiscal como ya apuntaba la Comisión de Expertos, pero el efecto acabaría siendo el mismo que con esta medida. Es decir, el reparto de estos costes es el único camino posible.
La otra gran cuestión que resuelve esta medida es la de la oportunidad del momento actual para su aprobación. La sostenibilidad del sistema eléctrico es crítica – como ya se ha visto en el pasado – y mucho más ahora para atraer las inversiones que hacen falta en este proceso de transición. Sin embargo, en 2019 hemos visto como ha vuelto a aparecer un déficit tarifario que, con la situación de pandemia vivida en 2020, ha obligado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales para no dañar la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico. Los presupuestos públicos se han hecho cargo de estos desequilibrios.
Pero, el uso de los presupuestos públicos no es sostenible en el tiempo, ni recomendable para dar certidumbre a los 150.000 millones de euros de inversión que hacen falta en la próxima década en el sector eléctrico. Es difícil encontrar un sector económico con un nivel de inversión previsto en nuestro país tan elevado y con un impacto esperado tan importante en términos de empleo de calidad y de generación de riqueza, además de sostenible y con importantes efectos tractores en numerosas ramas de la actividad industrial nacional. Por lo que esta decisión no puede aplazarse más en el tiempo si queremos activar los efectos que un macro-sector como el eléctrico debe tener en la recuperación de nuestra economía en los próximos años.
Por último, hay que comentar el efecto final sobre los consumidores eléctricos. Con esta medida se anuncia una rebaja del 13% del precio de la electricidad en los próximos 5 años. En el caso de los hogares, la electricidad es un servicio esencial y la rebaja en el precio supondrá un alivio no sólo en la factura eléctrica de los hogares sino en la factura energética en la medida en que se sustituyan otras energías por la electricidad, respetando un pilar básico de esta transición que no es otro que el de realizarla a un coste asequible para el consumidor. Por la parte de las industrias hay que destacar que son muchas las que dependen del precio de la electricidad a la hora de poder competir. Por lo que una reducción gradual del precio eléctrico supondrá una mejora importante en su competitividad en un momento, como el actual, que necesita la contribución del sector industrial a la recuperación económica con apuestas de sostenibilidad de largo plazo.
En definitiva, con la creación del FNSSE se revierte la situación actual para cumplir con los objetivos de descarbonización de la transición energética de la forma más eficiente posible. Y esto es lo realmente relevante, el sector eléctrico no sólo garantiza que la energía renovable va a estar ahí, sino que el tránsito hacia la electricidad permite alcanzar estos objetivos al menor coste posible para los ciudadanos. Hoy en día es la única alternativa y por eso ahora es el momento de dar el giro que la política energética necesita.
Publicado en: EnergyNews