Nos encontramos en medio de una crisis sanitaria provocada por el Covid-19 nunca antes vista en las sociedades modernas. El impacto de la expansión del virus ha tenido como resultado la aprobación del decreto de estado de alarma que pone en confinamiento a la población y reduce la actividad económica a las actividades esenciales, principalmente, en línea con lo que se ha aprobado no sólo en Europa sino también en otras partes del mundo.

El sector eléctrico, como servicio esencial que es, no es ajeno a lo que está sucediendo y, en estos momentos, es responsable de garantizar el suministro para que hogares y empresas puedan continuar con sus actividades durante este tiempo. Un objetivo, el de ofrecer un suministro con normalidad, que se ha alcanzado, hasta la fecha, sin registrar incidentes.

Para ello, las empresas han potenciado el teletrabajo entre sus trabajadores y llevados a cabo planes de adaptación de las plantillas con el fin de evitar los contagios de sus trabajadores y, así, poder garantizar los diferentes turnos en las instalaciones y puestos críticos.

Las empresas eléctricas también han aprobado medidas y planes destinados a sus clientes para intentar mitigar el impacto económico que está teniendo el parón en la actividad económica. A las ayudas a la financiación de las facturas hay que añadir también las medidas solidarias que se están llevando a cabo y que son un ejemplo de cómo las empresas contribuyen de manera responsable en momentos de excepcionalidad como el que vivimos.

Estas medidas son complementarias a las ya aprobadas por el Gobierno y que, principalmente, van dirigidas a proteger a los colectivos más afectados por esta situación. Por el momento, son cinco las medidas decretadas desde el Ejecutivo que afectan a la regulación del sector eléctrico:

  • Se impide el corte del suministro durante el periodo que dure el estado de alarma.
  • Se ha creado una nueva categoría de bono social para aquellos especialmente afectados por el parón de la actividad económica, los trabajadores autónomos, y se ha prorrogado automáticamente la renovación del bono social actual hasta el 15 de septiembre.
  • Los autónomos pueden reducir la potencia contratada actual y, una vez que se termine el estado de alarma, cuentan con un plazo de 3 meses para volver a recontratar su potencial actual sin coste alguno.
  • Los autónomos pueden suspender el contrato y volver a retomarlo también sin coste alguno en un plazo de 3 meses tras el fin del estado de alarma.
  • Los autónomos y las PYME pueden suspender el pago de la factura mientras dure el estado de alarma y, posteriormente, reintegrar el pago hasta un plazo máximo de 6 meses. Esto, a su vez, conlleva que los comercializadores no tengan que abonar los peajes de estos clientes mientras dure el estado de alarma. Y se dispone de un mecanismo de avales para las empresas que tengan dificultades económicas.

Si echamos un vistazo a lo que está pasando en el resto de los países de nuestro entorno[1], vemos que España ha sido el país que más medidas regulatorias ha adoptado con el objetivo de mitigar el impacto social y económico que puede generar una posible falta de suministro eléctrico o que puede suponer el importe de la factura que pagan los clientes.

En la mayoría de los países se han adoptado dos tipos de medidas similares a las que se han aplicado en nuestro país. Por un lado, se han establecido los mecanismos necesarios para garantizar el suministro eléctrico y, por otro, se han tomado medidas para impedir el corte del suministro, especialmente en los países del norte donde el clima propio del invierno no había finalizado en marzo.

En general, las medidas regulatorias adoptadas en otros países europeos han estado enfocadas al ámbito financiero, dotando de liquidez a las empresas que están atravesando dificultades económicas por la parálisis de la actividad. Medidas similares se han adoptado en España para dotar de liquidez a las empresas y, especialmente, a los autónomos.

Por otra parte, el estudio muestra que las empresas europeas han adoptado planes equivalentes a las de las empresas eléctricas españolas. De esta forma, el estudio revela que existe bastante correspondencia entre lo que está sucediendo en España y en los países de nuestro alrededor; aunque, como consecuencia del mayor impacto que está teniendo la crisis en nuestro país, el esfuerzo de nuestras empresas es superior al que se observa en otros lugares y las medidas regulatorias aprobadas hasta ahora son de mayor calado que las del resto de países europeos.

Y es aquí donde está el tercer punto que me gustaría destacar: el impacto económico. El consumo eléctrico es sin duda un indicador adelantado de lo que sucede en la economía y, por tanto, la reducción de la actividad económica puede observarse en el siguiente gráfico[2]:

Fuente: aelēc

Si comparamos las dos primeras semanas de marzo con las 6 primeras semanas desde el inicio del estado de alarma (semanas 3, 4, 5, 6, 7 y 8) la caída en el consumo eléctrico es notable. Claramente podemos ver cómo el consumo en los hogares aumentó en un inicio y ahora permanece en niveles ligeramente inferiores a los de hace más de un mes por motivos estacionales. Sin embargo, cuando atendemos al consumo en la industria y en los servicios observamos importantes caídas, acentuadas en las semanas 5 y 6, cuando se restringió la actividad económica a los servicios esenciales, pero se ve un inicio de recuperación en las semanas 7 y 8, especialmente en la industria.

Un marcador relevante para medir la recuperación económica es la demanda eléctrica, que nos ayudará a identificar cómo avanza la reactivación económica y si se alcanza de una forma temprana o va a un ritmo más lento con respecto a los niveles de consumo anteriores al estado de alarma.

Sin embargo, esta caída en la actividad también tiene impacto en el sector eléctrico por la pérdida de ingresos ante la caída de la demanda y las modificaciones en los contratos en la contratación de potencia. No obstante, el gobierno ha dispuesto una partida en los presupuestos públicos para poder cubrir el desfase provocado por la modificación de los contratos que servirá para paliar parcialmente esta pérdida de ingresos.

Como todos, esperamos que la crisis finalice lo antes posible y que podamos volver a la normalidad en cuanto sea posible para poder minimizar el impacto en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En lo que respecta al sector eléctrico, continuará siendo crítica la garantía en el suministro y el acompañamiento de los planes de las empresas, pero una vez finalice el estado de alarma habrá que realizar un seguimiento detallado de la evolución de los ingresos y los costes del sistema. En este sentido, los ingresos que no provienen directamente de los peajes permitirán mantener la estabilidad financiera del sector y así mitigar el impacto económico en el sector.

El sector eléctrico ha demostrado ser crucial en esta crisis y, por tanto, lo seguirá siendo para reactivar la economía y canalizar la recuperación a través de la inversión que exige la transformación energética y económica de la sociedad.

Publicado en: EnergyNews


[1] Informe elaborado por eurelectric y disponible en https://aelec.es/eurelectric-publica-el-primer-informe-sobre-el-impacto-del-covid-19-en-el-sector-electrico-europeo-con-la-colaboracion-de-aelec/

[2] Demanda eléctrica semanal por segmento de actividad, tomando la semana comprendida entre el 1 y el 7 de marzo como base 100.