La semana previa al comienzo de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), se presentó la décima edición del Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), que advierte de la necesidad de reducir un 7,6 por ciento al año las emisiones globales de gases de efecto invernadero entre 2020 y 2030, para poner freno al calentamiento global. De lo contrario, incluso implementando los compromisos del Acuerdo de París, las temperaturas aumentarán 3,2 grados centígrados a finales de este siglo.
Indudablemente, este último informe de la ONU Medio Ambiente alimentó el debate durante las dos semanas que tuvo lugar en Madrid la Cumbre del Clima. Esta reunión anual, presidida en esta ocasión por Chile, aunque organizada con la colaboración del Gobierno español, es el principal foro mundial para la discusión multilateral de asuntos sobre cambio climático y, durante los 25 años que lleva celebrándose, ha ido creciendo en tamaño y complejidad. En ellas se revisa anualmente la implementación de los acuerdos alcanzados y se negocian nuevos compromisos con el fin de mantener estables las concentraciones de gases de efecto invernadero y, por tanto, impedir una interferencia peligrosa de la acción humana en el sistema climático. Algunas dejan mayor huella que otras. Por ejemplo, la de 1997 generó el Protocolo de Kioto, pacto que vence en 2020; mientras que de la de 2015, resultó la aprobación del Acuerdo de París, que entrará en vigor en 2021 y que ha sido ratificado por 187 de las 197 Partes que forman la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Su objetivo es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales e intentar limitar este aumento a 1,5 grados.
La COP25 llegó precedida por la advertencia de este informe que, en cierto modo, recuerda que «del dicho al hecho, hay un trecho». Los objetivos y los compromisos existen, pero solo cinco miembros del G-20 han establecido un cronograma para lograr la neutralidad de emisiones. Mientras tanto, estas han aumentado 1,5% anual durante la última década.
Por eso, previo a la celebración de la COP25, el Parlamento Europeo declaró «una emergencia climática y ambiental» en Europa en una resolución histórica en la que insta a la Comisión a garantizar que todas sus propuestas legislativas y presupuestarias tengan en cuenta el objetivo de limitar el calentamiento global a máximo 1,5 grados centígrados.
De hecho, y con el objetivo de ser el primer continente libre de emisiones en 2050, Ursula von der Leyen, presidenta de la nueva Comisión, presentó durante la Cumbre el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), que se aplicará desde enero de 2020 y que incrementa el compromiso de Europa ante el cambio climático. En concreto, las medidas de esta hoja de ruta proponen elevar su meta intermedia para 2030 hasta el 50-55% de reducción de emisiones, el desarrollo de una legislación específica, así como la puesta en marcha de un Plan de Inversiones Sostenibles y una estrategia de financiación verde, que prevé inversiones de 260.000 millones al año hasta 2050.
Mirando dentro de nuestras fronteras, el Gobierno debe enviar a Bruselas antes de fin de año la versión definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo primer borrador fue valorado positivamente por la Comisión Europea por su ambición, aunque le reclamó mayor detalle en la hoja de ruta. Este texto define, entre otras cuestiones, los objetivos nacionales de reducción de emisiones, la incorporación de energías renovables y medidas de eficiencia energética y calcula para ello unas inversiones de 236.000 millones de euros hasta 2030 y la generación de hasta 364.000 empleos netos.
Es el «tiempo de actuar», proclamaba el lema de esta COP25, que pretendía pasar de la negociación a la implementación y que los objetivos se tradujesen en medidas. Sin embargo, tras dos semanas de negociaciones y una prórroga histórica de 48 horas, el acuerdo alcanzado en temas como la ambición climática, los mecanismos de pérdidas y daños y la financiación, sabe a poco. El Artículo 6 del Acuerdo de París, sobre los mercados globales de carbono, ha quedado para la próxima COP a celebrar en Glasgow.
La sociedad civil, cada vez más concienciada por el cambio climático, ha tenido un papel especial en esta Cumbre, al igual que gobiernos locales y multitud de sectores empresariales.
aelēc, observador oficial de la COP desde 2001, también ha estado presente, en la organización diversos eventos que recuerdan que la electrificación de la economía es la forma más eficiente y eficaz de lograr reducir la huella de carbono que generamos como sociedad y que el proceso de transición energética debe fomentar los nuevos usos eléctricos y la generación eléctrica basada en energías renovables.
No cabe duda de que debemos avanzar no sólo en la concienciación general sobre la importancia que tiene la acción climática, sino en la propia acción en sí y en las medidas, quizás más ambiciosas de lo que nos planteábamos, que deben aplicarse ya para lograr un futuro sostenible.
Publicado en: Revista Energía, El Economista