Iniciamos el 2020 con el objetivo de fijar una senda de descarbonización y hacer de Europa la primera zona climáticamente neutra a 2050 mientras se generan oportunidades para construir una economía moderna, competitiva y próspera.
La contribución de España, recogida en la Declaración de Emergencia Climática, incluye la remisión de un proyecto de Ley al Parlamento para alcanzar la neutralidad climática a 2050, junto con otras medidas urgentes como la senda de descarbonización a 2030 y la adaptación al cambio climático, contando siempre con la participación de la ciudadanía y en un contexto de transición justa. En definitiva, hace falta un marco legislativo con las medidas a implementar.
Igualmente importante es priorizar estas medidas para evitar que los retrasos conlleven sobrecostes futuros. Para empezar, se prevé una inversión de 241.000 mill. € en 10 años, el 62% (150.000 mill. €) en el sector eléctrico.
Por eso, las primeras medidas de esta transición energética deben apostar decididamente por la electrificación de la economía. El sector eléctrico contribuirá notablemente a lograr sus objetivos al menor coste gracias a que las renovables eléctricas ya son tecnologías maduras y competitivas, además de ser el vector energético a través del que descarbonizar sectores intensivos en consumo energético como la industria, el transporte y la edificación. Esto requiere medidas que acompasen la entrada de renovables eléctricas y el aumento del peso de la electricidad en el consumo energético, que deberá triplicarse hasta 2050.
El objetivo de producción renovable eléctrica del PNIEC del 74% a 2030 dobla casi el peso actual. Con una inversión de 91.000 millones se reducirán las emisiones del sector en un 72%, pero hace falta un marco regulatorio capaz de atraer esta inversión. La incertidumbre existente en el acceso y la conexión a la red de las nuevas renovables debe resolverse en los próximos meses para facilitar la entrada y poner orden a los más de 90 GW con permisos, evitando una burbuja que obstaculice y encarezca su desarrollo. Por otra parte, la participación de las renovables debe completarse con señales de mercado de corto y largo plazo y así maximizar su integración. Aquí también hacen falta instrumentos regulatorios.
En este nuevo contexto se necesita contar con la participación de todos los agentes, nuevos y ya existentes, para adecuar la producción renovable intermitente a la demanda eléctrica y asegurar el suministro. Agregadores, almacenamiento, ciclos combinados y el propio consumidor son capaces de aportar la flexibilidad y firmeza que va a requerir el sistema, donde los mercados locales y los mecanismos de capacidad aportan soluciones para este reto.
Sin olvidar el papel de las redes como facilitadoras neutrales de estos intercambios de energía y que el consumidor pueda consumir, almacenar o vender su electricidad. La red de distribución debe digitalizarse y automatizarse para integrar renovables y proporcionar al consumidor las herramientas necesarias para optimizar su consumo. La inversión estimada en redes y electrificación de 58.000 mill. € sólo será posible en un entorno regulatorio estable que facilite las inversiones.
Por último, no podemos dejar de lado la factura del consumidor. El peso de los cargos y los impuestos son una barrera que dificulta el proceso de electrificación y que pone sobre la mesa la redefinición de estos componentes para no penalizar el consumo eléctrico. En este sentido, destacan como ejemplo las futuras medidas para los electrointensivos.
En definitiva, 2020 debe ser el año que marque una ruta clara de los cambios que precisa nuestra economía para su descarbonización y priorizar las medidas que faciliten su electrificación porque es la vía más efectiva y eficiente para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento.
Publicado en: Expansión. Especial «Quién es quién. Energía»