Todo el año 2020 viene, sin duda, determinado por la pandemia sanitaria y los efectos de la misma en cualquier ámbito. El sector eléctrico, en concreto, tras la declaración del estado de alarma, adoptó una serie de medidas urgentes para hacer frente a la situación que permitieron que el servicio se prestara con total normalidad a pesar de la situación excepcional que se estaba viviendo, y se garantizara el suministro al conjunto de la sociedad, especialmente, a hogares, hospitales y servicios de telecomunicaciones.
Además, las medidas más relevantes que se aprobaron fueron de carácter económico y social y estuvieron dirigidas, principalmente, a mitigar los efectos de la crisis sanitaria en hogares y empresas:
- se prorrogó el bono social y al mismo tiempo definieron nuevas categorías para ampliar el colectivo con derecho al mismo;
- se prohibió la suspensión del suministro de electricidad a los consumidores que tuviesen la condición de vulnerables;
- se flexibilizaron los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas;
- se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado las partidas correspondientes para compensar la reducción de ingresos generadas por estas medidas;
- se extendieron los derechos de acceso que caducaban para poder finalizar los proyectos renovables en curso;
- y se suspendió la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos.
El estado de alarma no paralizó la actividad regulatoria. Si, en enero, el Gobierno había declarado la Emergencia Climática y Ambiental en España, un acuerdo en el que se comprometía a adoptar 30 líneas de acción prioritarias para combatir el cambio climático, en los siguientes meses mantuvo el desarrollo del marco normativo necesario para cumplir con los objetivos fijados para alcanzar la neutralidad climática en 2050. La base de este marco la forman el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija los objetivos de descarbonización, de eficiencia y de renovables a 2030, remitido en marzo a Bruselas; y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP), aprobada recientemente en noviembre, que continúa con la trayectoria y las vías para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Apoyando a este marco se han aprobado diversas medidas, como el Real Decreto-ley 23/2020, que busca asegurar la respuesta del sector eléctrico a los objetivos para 2030 de alcanzar una producción renovable del 74% y permitir que los consumidores desempeñen un papel más activo. Concretamente, aborda la regulación sobre los permisos de acceso y conexión, esenciales para dar entrada a los 64GW de capacidad renovable previstos para la próxima década, al racionalizar el proceso de las solicitudes y completarlo con los reglamentos correspondientes, que ya se encuentran en su última fase de tramitación. Otro de los puntos destacados de este año que concluye es el nuevo modelo de subastas para las renovables, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía, que permite distinguir entre distintas tecnologías. Así mismo, introduce nuevas figuras que forman ya parte de la actividad del sector eléctrico, como son el almacenamiento, los agregadores independientes y las comunidades de energías renovables; y se adoptan medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, al permitir que el superávit acumulado pueda usarse para cubrir desajustes de 2019 y 2020.
Por último, el RDL 23/2020, que busca apostar por que las inversiones actúen a modo de palanca verde para la recuperación económica y aprovechar esta oportunidad para acelerar la transición energética, incrementa el límite máximo de inversión retribuible en la actividad de distribución en el periodo 2020-2022, pasando del 0,13% al 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB). Las inversiones en redes de distribución son necesarias para adaptar las redes eléctricas a la integración de nuevas renovables y fomentar los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías.
El proceso de transformación que está atravesando el sector eléctrico es continuo. Para configurar el nuevo sistema eléctrico se han lanzado numerosas consultas y aprobado estrategias y hojas de ruta que van introduciendo los elementos que formarán parte. Por un lado, la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Pobreza Energética y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático constituyen el marco de planificación básico para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático, con importantes implicaciones para el sector eléctrico al ser el vector de descarbonización durante la transición. Por otro lado, medidas como la “Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, la “Estrategia de Autoconsumo” o la “Estrategia de almacenamiento energético” ponen en marcha los planes del PNIEC con una visión a largo plazo (2050), y cuantifican los objetivos a 2030 con aspectos concretos de reducción de emisiones, de integración de renovables y de eficiencia energética, que se completa con el principio de transición justa, que pretende mitigar los impactos y ofrecer alternativas a todos aquellos a los que afecte de manera específica y sean tenidos en cuenta.
Esperemos que, como se nos ha presentado, toda esta nueva regulación configure un marco legislativo estable y predecible, que atraiga las inversiones precisas para conseguir alcanzar los ambiciosos objetivos de descarbonización, con la incorporación masiva de las energías renovables y el desarrollo adecuado de las redes de distribución y su digitalización. Esto permitiría al sector reforzar su independencia energética y mantener un sistema eléctrico fiable y capaz de garantizar el suministro ante cualquier circunstancia.
En este sentido, las empresas de aelēc precisan, entre otras medidas, que se adelanten las inversiones previstas en el PNIEC, flexibilizando el límite de inversiones de las empresas de distribución para adaptarse a la nueva situación, y que se acometa una profunda reforma fiscal adaptada a la realidad de los objetivos que tenemos que cumplir.
Todo ello debe ir en línea con la apuesta de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por la recuperación económica “verde” y digitalizada, focalizada en la descarbonización total y según lo planteado en el Pacto Verde, que apunta a un programa de recuperación con el objetivo de concentrar la inversión en sectores y actividades con un futuro sostenible, unido al destino de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En esta situación, la electrificación se presenta como tractor de la recuperación, con un efecto dinamizador en el resto de la economía. La electricidad como fuente de energía permite, gracias a las renovables, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, las actividades eléctricas aúnan un doble objetivo: recuperar nuestra economía y descarbonizarla.
El aumento de producción renovable debe estar en línea con un objetivo de electrificación. Por eso, el porcentaje de electrificación del PNIEC del 29% en 2030, debería incrementarse al 31% para alcanzar en esa fecha el 55% de reducción de gases de efecto invernadero, en consonancia con otros países, e incluso con lo aprobado por la Comisión Europea.
Que el sector eléctrico esté comprometido con su descarbonización en 2050 no es suficiente. El resto de sectores intensivos en consumo energético, como la edificación, la industria o el transporte, deben apoyarse en la electrificación para acelerar su reducción de emisiones. Para ayudarles, las señales en los precios es un elemento crítico. El anteproyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, aprobado recientemente, sacará gradualmente de la factura eléctrica los cargos de las renovables, cogeneración y residuos que representan una barrera para el despliegue de tecnologías maduras, como el vehículo eléctrico o la bomba de calor, que integran la producción renovable en el consumo energético gracias a la electricidad. La industria, especialmente los procesos industriales de altas temperaturas, requerirá de ayuda para proporcionar soluciones tecnológicas que impulsen su descarbonización.
En este contexto, la entrada en vigor de la nueva metodología de peajes y cargos para 2021 es importante para hacer un uso más eficiente de la electricidad con nuevas señales de precios, especialmente para el consumidor doméstico.
En definitiva, finalizamos un año realmente intenso en cuanto a actividad normativa; con medidas necesarias para superar los efectos de la crisis sanitaria, junto a la creciente necesidad de adaptar el sector eléctrico para contribuir a la transformación de nuestra sociedad y hacerla más moderna, productiva y resiliente.
Publicado en: Revista Energética